La llamada
iniciativa de Ley SOPA congelada momentáneamente por su promotor el congresista
estadounidense Lamar Smith es un proyecto legislativo que incumbe a
organizaciones y empresas de Estados Unidos. Esta ley establecería el uso (en
Estados Unidos de América) de un mecanismo de censura sobre Internet similar al
que se utiliza en China, Irán o Siria y que censura las webs que el gobierno
quiere.
Según sus
defensores, el objetivo sería perseguir la piratería en línea combatiendo
aquellas prácticas sociales que ellos consideran ilícitas: intercambiar música,
compartir películas, vídeos y demás contenidos protegidos por el derecho
intelectual.
Ello implicaría que
las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad
en sitios web, obligar a las herramientas de búsqueda a desaparecer estas
páginas web de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet
que bloqueen el acceso a tales dominios.
Pese a que se trata
de una legislación estadounidense contra la piratería online, de retomarse su
debate y aprobarse, tendría efectos en el resto del mundo, toda vez que
Internet es una red globalizada; por lo que toca a nuestro país, afectaría
directamente, de acuerdo a la opinión de expertos, en la privacidad de
Internet, el acceso a páginas y, no sólo en el presente, sino en la innovación
de tecnologías hacia el futuro.
Quienes proponen la
ley, afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente
industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación
de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web
extranjeros.
Los opositores
argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es
censura en Internet, que lisiará a Internet y será una amenaza para la denuncia
de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión. Incluso la Casa
Blanca manifestó su temor a que la SOPA pueda vulnerar las garantías jurídicas
de las compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión.
Por su parte, la
Casa Blanca se opuso a la medida por considerar que ésta podría suscitar
demandas contra empresas cibernéticas y perjudicar a negocios legítimos, además
de atropellar el derecho a la libertad de expresión; incluso en un comunicado
ratificando su rechazo, el presidente Barack Obama insinuó que podría vetar
cualquier medida que “reduzca la libertad de expresión, incremente los riegos a
la seguridad cibernética, o socave” la red cibernética global.
Voces calificadas
consideran que de aprobarse esta ley, el sentido original con el que fue creado
Internet se vería desvirtuado, ya que se estaría perdiendo el derecho al acceso
a la información, a la cultura y la interconexión de usuarios y citan como
ejemplos de ello:
1.- Las redes de
navegación anónimas se volverían ilegales (la anonimidad en internet es
importantísima para muchos usuarios).
2.- Toda
comunicación podría ser oficialmente espiada para poder determinar si incumple
(o no) la ley.
3.- Aquellos sitios
donde se incentiva el contenido generado por el usuario se verían
imposibilitados para operar porque sería sumamente impráctico vigilar cada cosa
publicada con el miedo de recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue
entre proveedor o usuario en estos casos.
El debate de esta
iniciativa retirada momentáneamente del congreso norteamericano, debería
continuar de manera abierta en nuestro país y en todo el mundo, para seguir
reflexionando sobre un tema tan importante y de tan alto impacto para una
sociedad que cotidianamente utiliza y hasta depende de la internet, buscando el
siempre difícil, pero necesario equilibrio, entre la libertad y los derechos de
terceros, como serían la propiedad intelectual o los derechos de autor.
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